Nuevamente, las pensiones universitarias (Segunda y última parte)

Carlos Pallán Figueroa
capafi2@hotmail.com

1. Los problemas expuestos la semana pasada son tan sólo una parte de la situación general por la cual pasan las pensiones universitarias. Con base en el mismo reportaje de Excélsior, se da cuenta de una investigación del CIICH-UNAM, misma que cuantifica “conservadoramente” los pasivos en que por ese concepto han incurrido las casas de estudio. Éstos ascienden actualmente a 69 mil millones de pesos, los cuales en 2012 llegarían a 250 mil, casi cinco veces más que todo el presupuesto asignado por la SEP para el subsistema de educación superior en este año.

El asunto reviste tal gravedad que, en otra nota de prensa del mismo periódico y día (K. Álvarez), se resaltan las declaraciones del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Antonio Ortega. Según el legislador, la situación es crítica; varias casas de estudio “en las siguientes semanas o meses dejarán de pagar la nómina, no podrán jubilar ni pensionar a más trabajadores y, por lo tanto, el conflicto social y político será tremendo para el país, para la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal”.

Independientemente de la asignación de responsabilidades que hace el legislador, y que a mi juicio no corresponde a la realidad, lo relevante es que el problema existe y, efectivamente, está entrando en una fase crítica en muchas instituciones.

Para el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en esa circunstancia se encuentra una docena de ellas y su situación debería ser atendida “no sólo con medidas paliativas, sino con proyectos de largo plazo”. Entre éstos, según propone el doctor Rafael López Castañares, debería estar incluido el de los financiamientos multianuales.

2. No se requiere mucho análisis para darse cuenta que un problema enorme está por explotar y que no hay soluciones ideales. Lo acontecido con la nueva Ley del ISSSTE podría ser un punto de referencia para lo que sucede en el sector universitario.

Dicho ordenamiento tiene insuficiencias y limitaciones, pero es lo que podía aprobarse en el Congreso de la Unión. Si no resuelve íntegramente el problema, por lo menos se ha aplazado y le quita una presión enorme a las finanzas públicas, evitándose la bancarrota de dicho organismo estatal.

Soluciones similares fueron ensayadas desde 2002, con el apoyo de la SEP, en 11 universidades públicas estatales. La canalización de 3 mil millones para ese conjunto permitió reestructurar sus pasivos, de tal forma que la deuda es ahora manejable.

Por supuesto, la solución no fue fácil: implicó una enorme responsabilidad para cada casa de estudio, persuadiendo a sus trabajadores de la necesidad de modificar contratos colectivos, estableciendo nuevas reglas para los que se incorporen en el futuro y fijando en las instituciones los nuevos mecanismos que permitan que las pensiones tengan una base sólida y factible. Guardadas las distancias, en esas universidades se hizo, cinco años atrás, lo que el gobierno federal propuso para el ISSSTE en 2007.

Tal programa sólo estuvo vigente en 2002 y 2003. La SEP ya no otorgó más recursos y varias instituciones no tuvieron la determinación para enfrentar el problema en los términos que lo hicieron las 11 iniciales. Si se vuelve a la raíz del asunto, se constata que en él están inmiscuidos los centros públicos de educación superior, pero también los gobiernos estatales y el gobierno federal. La paz social se construyó prometiendo para el futuro y el futuro ya llegó.

Una vez más, el ya mencionado documento de la ANUIES da en el blanco cuando afirma que “no existe un acuerdo nacional que equilibre la contribución que corresponde hacer a los diversos órdenes de gobierno para el financiamiento de las universidades públicas”.

En ese marco es que debiera discutirse el asunto de jubilaciones y pensiones y no atribuyéndoselo totalmente a la SEP, como lo propone el diputado Ortega. Si los presupuestos deben ser multianuales es sólo una cuestión instrumental, aunque, por cierto, no menor. Eso implicaría una reforma de orden constitucional que, en todo caso, debería formar parte de la reforma del Estado actualmente en curso en el Congreso de la Unión. Pero no debiera perderse de vista lo fundamental: las pensiones universitarias son un asunto crítico cuya resolución depende de todas las entidades involucradas y, principalmente, de las propias casas de estudio.

* Profesor-investigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.