México ha construido un sistema democrático en medio de una profunda desigualdad que cruza sus relaciones sociales. Ello indica que no existe una relación mecánica ni lineal entre ambas, que no existen relaciones de causalidad unilineales y que en todo caso las relaciones entre democracia y desigualad son complejas. No obstante, siempre es conveniente preguntarse cuanta desigualdad puede soportar la reproducción del sistema democrático. Pero por lo pronto, dado que la desigualdad no es solo un asunto de riqueza y propiedad, sino también de acceso a los bienes del conocimiento y la cultura, el tema de la educación se vuelve central.
Vayamos por partes.
1. Democracia. México transito en veinte años de un sistema de partido casi único (hegemónico) a un auténtico sistema de partidos, de unas elecciones donde ganadores y perdedores se encontraban predeterminados a elecciones altamente competidas. Y esos dos fenómenos (partidos fuertes y elecciones competidas) se retroalimentaron mutuamente hasta modificar todas las coordenadas del quehacer político. Si uno se asoma al mundo de la representación esa realidad aparece con fuerza.
En los últimos años México logró lo que a muchos les parecía imposible: la inclusión, dentro del marco institucional, de las fuerzas políticas relevantes y su coexistencia pacífica. Esa invasión de la pluralidad a las instituciones del Estado es de por sí venturosa porque expresa de manera más fiel las pulsiones de la sociedad y porque ofrece a la variedad de partidos un espacio para recrearse.
El Congreso —más específicamente la Cámara de Diputados— fue la primera institución estatal, de carácter federal, que vivió y asimiló el impacto de la pluralidad política. La Cámara se convirtió en espacio de debate y recreación de la diversidad y en escenario de experimentación e innovación a lo largo del proceso de cambio democrático en nuestro país. La historia del Congreso ilustra de manera inmejorable las diferentes etapas por las cuales transcurrió la transición democrática mexicana.
En 1976-77 cuando se discutía la reforma política puesta en circulación por Jesús Reyes Heroles y el presidente López Portillo, la Cámara de Diputados tenía una mayoría de representantes del PRI del 82.3 por ciento. El segundo partido, el PAN, sólo alcanzaba el 8.4 por ciento de los asientos. Esa monumental disparidad sólo era superada por lo que acontecía en el Senado. Ahí todos los senadores (64) salían de las filas del tricolor. Sobra decir por qué los tratadistas hablaban de un sistema de “partido hegemónico” y porque el Presidente de la República podía hacer avanzar sus iniciativas en el circuito legislativo sin demasiados problemas. La impresión de que el Presidente lo era todo y el Congreso un apéndice tenía en esa realidad su principal nutriente.
Por fortuna, la reforma política inicial se hizo cargo de que el mundo de la representación institucional no expresaba al México plural que emergía a través de múltiples y enconados conflictos. En las universidades, en el campo, los sindicatos, las colonias populares, estallaban reclamamos diversos que en conjunto apuntaban a la necesaria democratización de la vida política. La aparición de movimientos guerrilleros ponía un toque de dramatismo y de urgencia al reclamo democratizador.
Los primeros impactos de aquella reforma política se observaron de inmediato. Con las elecciones de 1979 la Cámara de Diputados pasó de cuatro a siete partidos, y el PRI vio descender en números relativos sus diputados (74 por ciento). Ciertamente en las elecciones de 1982 y 1985 las cosas no cambiaron demasiado (El PRI conservó el 74.8 y el 73 por ciento de la representación). Es decir, el PRI mantenía su hegemonía, pero a lo largo de tres legislaturas se fue aclimatando la coexistencia de la pluralidad en la Cámara, lo cual de manera paulatina sirvió para desdemonizar a las oposiciones y para que la diversidad política apareciera como algo natural en el paisaje mexicano.
Las elecciones de 1988 supusieron, sin embargo, un cambio radical en la composición del Congreso. Más allá de la discusión sobre la justicia y la transparencia con qué se contaron los votos, y que llevó al sistema electoral al borde del precipicio, lo cierto es que incluso las cifras oficiales dan cuenta de un momento de inflexión que permitió una más equilibrada presencia de las fuerzas políticas en el Legislativo. Como resultado de aquellos controvertibles comicios, el PRI apenas obtuvo el 52 por ciento de los escaños en la Cámara de Diputados y por primera vez arribaron al Senado 4 legisladores que no habían sido postulados por el partido gobernante. Ello supuso que por primera vez el PRI requiriera de algún tipo de acuerdo si quería modificar el texto constitucional.
A partir de esos años se empiezan a producir los primeros acuerdos parlamentarios entre dos o más partidos, acicateados ya no por las “buenas intenciones” de algún político sensible, sino por necesidad. Dado que ningún partido contaba ya con los votos suficientes para modificar por sí mismo la Constitución, apareció la obligación de las negociaciones y los acuerdos. Y aunque al inicio –y aún hoy- los pactos han contado con la incomprensión de no pocos y con una especie de maltrato rutinario en los medios, lo cierto es que la etapa del diálogo, las cesiones mutuas, los tratos, aparecieron motivados por las nuevas circunstancias, es decir, porque el mundo de la representación política había mutado.
Una nueva vuelta a la tuerca sucede en los comicios de 1997. En ellos, otra vez por primera vez el partido del Presidente de la República no logra mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El PRI tiene que conformarse con el 47.8 por ciento de los representantes, mientras la suma del PAN (24.2 por ciento) y el PRD (25.0 por ciento) lo superan. Ese mismo año, en la Cámara de Senadores se equilibran las fuerzas como nunca antes (PRI -60.2 por ciento-, PAN -25.8 por ciento- PRD 12.5 por ciento y PT y PVEM -0.8 por ciento cada uno-). Desde ese momento, ya no solo para modificar la Constitución sino para hacer avanzar cualquier proyecto de ley se requiere del acuerdo de dos o más fuerzas políticas. Es decir, ningún partido en singular puede hacer su voluntad en los circuitos del Legislativo. Se necesita como nunca antes acercamientos, negociaciones, pactos.
Las elecciones del año 2000 no sólo trajeron como novedad la alternancia en el Poder Ejecutivo, sino que el partido del Presidente ya no solo no tiene mayoría absoluta en las Cámaras, sino que además, como agravante, es la segunda fuerza política en ambas (El PAN tenía el 40 por ciento de los diputados y el PRI el 42 por ciento, y en la Cámara de Senadores el PAN tiene el 35.9 por ciento y el PRI el 46.9 por ciento).
La necesidad de acuerdos, entonces, no aparece por las buenas intenciones ni el talante conciliador de los políticos, sino por la fría aritmética democrática. Porque cuando un gobierno no tiene una mayoría absoluta de votos que lo respalde en el Congreso, o la construye negociando (no se conoce otro método) o las iniciativas se estancan. Un curso intensivo en esta materia hemos tenido todos en los últimos años. No obstante, las capacidades de aprendizaje, son diversas.
En otras palabras, la colonización paulatina pero persistente de las instituciones del Estado por parte de una pluralidad política cada vez más vigorosa es una realidad ineludible, y logró transformar un Estado autoritario en uno en el cual se recrea la pluralidad, es decir, democrático.
2) Educación. Creo que podemos convenir en la idea de que el buen funcionamiento del régimen democrático precisa replantear a la política como el eje ordenador de la actividad del Estado y de forma obligada pasa por la formación de ciudadanos capaces de asumir un papel activo en la sociedad. Dicho de otro modo, en democracia la política tiene que ser una actividad eminentemente ciudadana y no una responsabilidad exclusiva y excluyente de una minoría que se asume como “representante del pueblo”, es decir, es menester que el ciudadano se reconozca como tal: como el sujeto de la política y no como el objeto pasivo de los actos de gobierno.
En ese punto tenemos un déficit que no conviene subestimar. Hay serios problemas en la visión que los ciudadanos tienen acerca de los valores, las instituciones y la legalidad democrática. Prevalece en muchos sentidos una idea autoritaria o intolerante de las relaciones sociales, así como bajísimos niveles de información política. Se valora como atributo principal en un gobernante que sea un “líder fuerte” por encima de otro que conozca y aplique siempre las leyes. Una buena parte de los ciudadanos encuestados no lee la prensa y no atiende a las noticias que se refieren a la política en radio y televisión, pero juzga sumariamente con calificaciones negativas al Congreso, los partidos y la policía. La dimensión de lo público aparece en general como un universo ajeno y poco confiable.
Hay, pues, una suerte de antagonismo entre la participación electoral efectiva de esos ciudadanos probados en las elecciones y sus nociones básicas acerca de la democracia que a muchos nos parece paradójica o, por lo menos, digna de atención y de ninguna manera irrelevante.
La presencia de esos rasgos en la cultura política no solo en México sino en América Latina nos demuestran que el cambio político no produce modificaciones lineales ni unívocas en la percepción de la vida pública, que no hay nada automático en la formación de una conciencia favorable a las instituciones y los sujetos de la democracia y que, por lo mismo, se hace necesario un esfuerzo suplementario por parte de los partidos, los medios, los gobiernos, los organismos no gubernamentales, sobre todo en el ámbito escolar, que ayuden a elevar y fortalecer los valores democráticos.
Sobre todo la escuela. Porque no será en la inercia familiar ni gracias al impacto de los grandes medios masivos de comunicación ni a través de cualquier otro agente, como se logrará la expansión de una cultura política de carácter democrática, es decir, que aprecie la convivencia de la pluralidad, que se comprometa con las fórmulas que genera la dinámica de mayoría y minorías, que aprecie el valor de la legalidad, de la coexistencia pacífica, de la tolerancia. Y es en esa dimensión donde la escuela resulta insubstituible.
Justo por la razón de que nuestra zona es heterogénea, diversa y subdesarrollada, donde aún coexisten o se combinan las formas modernas de organización política con la tradición de la democracia comunitaria y la herencia autoritaria, es indispensable no cejar en el empeño de elevar el nivel de la cultura cívica propiamente democrática de modo que al participar los ciudadanos lo hagan informados y, por decirlo así, libremente, con pleno conocimiento de causa. Por supuesto, la disposición ciudadana a participar está correlacionada positivamente con la valoración de la propia actividad política, pues a mayor descrédito de la política, entre más sea concebida como una actividad inherentemente corrupta, mezquina y carente de sentido, más fino es el suelo sobre el que puede echar raíces el sistema democrático.
En suma, si lo que deseamos es el fortalecimiento de la democracia, resulta imprescindible atender las enormes desigualdades que marcan al país y reforzar a la escuela como un centro socializador de los valores que permiten la convivencia democrática.
José Woldenberg
Maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencia Política por la UNAM, de donde es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Reportaje y ensayo