Reportaje y ensayo

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Educación, empleo e ingreso en el Censo de Población 2010

El Censo de Población 2010 aporta vasta información acerca de la correlación entre educación, empleo e ingreso. Los datos muestran la realidad mexicana: casi 7 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta y 56.1 por ciento tiene estudios de nivel básico; sólo 19.3 por ciento realizó estudios de nivel medio superior y apenas 16.5 por ciento reportó haber cursado al menos un año de estudios superiores.

Cabe recordar que la tasa de población con estudios superiores es de 28 por ciento como promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), rebasando niveles de 40 por ciento en el caso de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Japón. En Canadá casi la mitad de la población mayor de 25 años tiene estudios de nivel superior.


Eso significa que 44 millones 13 mil 899 mexicanos mayores de 15 años tienen estudios parciales o concluidos de educación básica y 5.4 millones más carecen de educación escolar (cuadro 1).

Muchas preguntas saltan a la vista: ¿qué tipo de empleos u ocupación puede ofrecer un país en el cual 63 por ciento de la población mayor de 15 años (78.4 millones) tiene una formación educativa como la descrita?; ¿qué estructura productiva corresponde a una nación en esas condiciones?; ¿a qué niveles de remuneración, consumo y bienestar puede aspirar la población con esos niveles de escolaridad?; ¿cuál es la capacidad tributaria real de casi 50 millones de mexicanos con un nivel educativo incipiente o en franco rezago?; ¿a qué tipo de “inserción en la sociedad del conocimiento” puede aspirar ese amplio sector de mexicanos?

El propio Censo se encarga de darnos algunas respuestas. En 2010 la población ocupada en México fue de 42 millones 699 mil 571 personas, mayores de 12 años.

De ese total, 3.8 por ciento (1.6 millones de personas) conforman el estrato de “funcionarios, directores y jefes”; 17.3 por ciento (7.5 millones) son “técnicos y profesionistas”; 16.7 por ciento (7 millones) son “trabajadores en actividades elementales y de apoyo”; 14.5 por ciento (6.2 millones) son “comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas”; 12.2 por ciento (5.2 millones) son “mecánicos y trabajadores industriales y artesanales”; 10.6 por ciento (4.5 millones) “trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca”, y 10 por ciento (4.3 millones) son “operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte”, principalmente.

La información censual muestra una elevada proporción de los mexicanos se ocupa con remuneraciones muy bajas, como también evidencia la polarización entre un pequeño porcentaje de trabajadores de altos ingresos, frente a un amplio porcentaje con remuneraciones precarias (cuadro 2).

Casi 3.4 millones de personas (7.8 por ciento del total) laboran sin percibir remuneración, principalmente debido a que se ocupan en la unidad económica familiar y son trabajadores o ayudantes de tiempo parcial; 3.6 millones (8.3 por ciento) perciben hasta un salario mínimo; 9.1 millones (21.4 por ciento) percibe entre uno y dos salarios mínimos, y 8.9 (20.8 por ciento) ganan de dos y tres salarios mínimos.

En suma, el Censo registra que 58.3 por ciento de los trabajadores (casi 25 millones de mexicanos) percibe remuneraciones inferiores a tres salarios mínimos (menos de 5 mil pesos al mes) o labora sin recibir ingreso. No alcanzan el umbral de los mágicos 6 mil pesos planteados por el secretario de Hacienda.

En contraste, casi 1.9 millones de personas (4.4 por ciento del total de la población económicamente activa, PEA, ocupada) perciben remuneraciones superiores a diez salarios mínimos.

El panorama es aun más desolador al observar la situación que enfrentan las entidades federativas, confirmando lo señalado por numerosas instituciones académicas y especialistas: las regiones cuya población sobrevive con los empleos más precarios corresponde a aquellas con los mayores rezagos educativos. Y, en efecto, la proporción de población ocupada que percibe menos de tres salarios mínimos o no percibe ingresos por su participación en la actividad económica, alcanza niveles de 79.3 por ciento en Chiapas; 72.1 por ciento en Tlaxcala; 71.4 por ciento en Guerrero y Yucatán; 71.3 por ciento en Oaxaca y 70.2 por ciento en Puebla.

Por el contrario, las entidades cuya población tiene mayores niveles de escolaridad son aquellas con mayor proporción de ocupados cuyos ingresos superan los diez salarios mínimos: Querétaro (8.5 por ciento); Distrito Federal (8.4 por ciento); Baja California Sur (8.4 por ciento) y Nuevo León (7.0 por ciento). Los primeros tres casi duplican el promedio nacional.

Cuadro 1

México: escolaridad de la población mayor de 15 años 2010

Sin escolaridad

Educación básica

Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada

Educación media superior1

Educación superior2

No especificado

 

 

TOTAL

6.9

56.1

0.6

19.3

16.5

0.6

100


Cuadro 2

Cuadro 2

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Abren expertos la discusión en torno a la central nuclear de Laguna Verde

La energía nuclear es una opción viable porque la perdurabilidad del petróleo no está generalizada y las energías limpias son una opción pero están lejos de satisfacer la energía que requiere el mundo / ESPECIALAunque las autoridades aseguran que la planta no implica riesgos y algunos especialistas defienden las ventajas de este tipo de energía, otras voces sostienen que el complejo localizado en Veracruz debe ser sometido a un estricto control que garantice su viabilidad

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Crisis universitaria en Sinaloa

En el interior de la UAS hay una crisis académica y laboral. / ESPECIALHoy la UAS vive un triste momento. Es un espacio que ya no pertenece a la propia comunidad de estudiantes y profesores. Lo increíble e intolerable es que su propiedad la ostenta una persona ajena a las estructuras institucionales de mando, quien hace y deshace a su antojo, recurriendo a métodos policíacos y clandestinos

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La autonomía y la construcción de una nueva universidad pública

La universidad debe hacer un esfuerzo por revisar críticamente sus investigaciones y programas de formación de profesionales con la pregunta de cuáles son los intereses y dinámicas de conocimiento que ya existen / JAVIER GARCÍA

Hugo Aboites*

Ajena a la nación, la universidad pública se vuelve sumamente frágil y vulnerable. Se mira con creciente suspicacia y mala intención sus presupuestos, se les considera gasto casi inútil y fuera de lugar y, lo peor, están ausentes ya las grandes bases sociales que la defiendan


IDENTIDAD Y SENTIDO

Durante el siglo XX la universidad se consolidó como un espacio público que ofrecía a cientos de miles, millones, de jóvenes la posibilidad no sólo de moverse en la escala social en el contexto de una economía en crecimiento, sino también la oportunidad de situarse en un lugar de socialización que no tenían en sus lugares de origen, de contacto excepcional con corrientes de pensamiento y expresiones culturales nacionales e internacionales. Se convirtió también en un lugar de intensa participación política y social y en una experiencia única de convivencia entre clases sociales. El país pudo crecer gracias a la visible presencia y actividad de profesionistas egresados de sus aulas y a la investigación que se desarrollaba en sus laboratorios. En sus aulas se generaron también experiencias innovadoras de transformación de la educación misma que alumbraron otros espacios.

Su actividad, además tenía el sentido claro de ser una aportación única y excepcional al desarrollo nacional. La industria mexicana, el campo, las carreteras, presas, electricidad, servicios de salud, la marcha misma del Estado dependía en una medida importante de los grupos de jóvenes que surgían de las universidades. En la etapa del capitalismo nacional o estado de bienestar que trajeron las luchas revolucionarias, la universidad que se creó en los años sesenta y setenta expresó también claramente su vocación social de apoyo a comunidades campesinas y a los derechos de los trabajadores. (carreras, investigaciones, servicios social, instituciones especializadas –Chapingo, IPN-). Con esta identidad y sentido de su existencia, la universidad y específicamente la universidad pública y autónoma estaba claramente identificada como patrimonio social de las clases medias y también populares de la nación. Existían problemas profundos, cacicazgos, corrupción, feudos académicos, pero el rumbo general estaba claramente trazado.

LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD Y DE SENTIDO

Las iniciativas de los años noventa y el cambio radical hacia una economía abierta trajeron, sin embargo, una universidad con rasgos muy distintos. “Competitividad”, “excelencia”, “calidad”, “selectividad”, “productividad”, “eficiencia”, “evaluación”, fueron palabras y conceptos que desde los organismos internacionales, las organizaciones empresariales y los gobiernos neoliberales vinieron a crear una nueva bóveda celeste de referencia para el rumbo universitario.

En varios aspectos, la universidad autónoma y pública se volvió restrictiva especialmente la mexicana (datos latinoamericanos, UNESCO) y se volvió también tendencialmente elitista (datos UNAM, datos UAM en el acceso), y para aquellos con algunos recursos la educación privada se volvió mucho más accesible. La universidad pública comenzó a perder su ethos, su norma interna de conducta como una comunidad solidaria de académicos pues con los estímulos añadidos al salario se mercantilizó el quehacer académico mismo. Se logró una mayor productividad pero no una mejoría de la educación. Abierto el financiamiento a la competencia, un grupo pequeño de instituciones acaparó la mayoría de los recursos disponibles y se detuvo abruptamente la creación de nuevas instituciones. La universidad pública autónoma dejó de ser la referencia de la educación superior, y la educación privada, la universidad tecnológica y la educación virtual se convirtieron en los nuevos paradigmas. En la universidad pública tendió a consolidarse una nueva burocracia tecnócrata que no entiende el sentido de la participación de estudiantes y profesores en los órganos colegiados, como conductores de la institución. La investigación comenzó a orientarse lenta, pero seguramente, en dirección a las visiones y metas gubernamentales neoliberales y del mundo empresarial nacional y extranjero (datos UAM), La educación universitaria se olvidó de los procesos democráticos al interior de la institución y del aula y la idea de la enseñanza por competencias comenzó a implantarse como el modelo fundamental de la relación entre estudiantes, maestros y cuerpos de conocimiento.

La universidad privada cobró sentido e identidad, en sus mejores instituciones, como la educación superior de la globalización para sectores reducidos y dotados de visiones ajenas a la realidad del país, y la educación pública fue colocada en el dilema de quedarse rezagada o volverse tan competitiva y elitista como las instituciones privadas internacionales. Con la ayuda de los rankings, esta competencia hizo mella en los idearios de las instituciones clave del país. Como resultado, crecientemente la universidad pública autónoma no habla ya con la mayoría de los mexicanos, y paulatinamente también está dejando de ser un espacio público de grandes grupos sociales. La privatización de la educación pública cobra en este aspecto un carácter dramático y grave. Ajena a la nación, la universidad pública se vuelve sumamente frágil y vulnerable. Se mira con creciente suspicacia y mala intención sus presupuestos, se les considera gasto casi inútil y fuera de lugar y, lo peor, están ausentes ya las grandes bases sociales que la defiendan. Puesto que una universidad que no crece, no profundiza en el conocimiento y no explora nuevas rutas deja de existir como un faro potente en la vida de un país, en ese sentido la existencia misma de la universidad pública autónoma está en peligro. Nuevas empresas de servicios ligados al conocimiento de punta pueden ser mucho más eficientes, estratégicas, flexibles que nuestras neoliberales pero también anquilosadas y tecnoburocratizadas instituciones.

LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA Y EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD

En un momento como este es necesario hacer una reflexión sobre el pasado inmediato. No el pasado de las iniciativas tecnocráticas y neoliberales, sino el de las luchas de los universitarios en contra de estas tendencias. De la resistencia surgen no pocas veces las lecciones más importantes para el esbozo de un futuro distinto para la universidad.

Y una primera y paradójica conclusión a la que puede llegarse es que desde hace veinte años las resistencias de los universitarios y también de aquellos que quieren ser universitarios (es decir que desean ingresar a la universidad) tiene mucho que ver con lo que planteaban hace casi cien años los jóvenes de Córdoba. Las luchas de 1986-87, de 1995-1998 y de 1999-2000 contra la evaluación del Ceneval, contra las cuotas, en rechazo al autoritarismo y a las restricciones a la permanencia de los jóvenes en las instituciones. Lo que era entonces una universidad autónoma de la monarquía y el clero, nos aparece ahora como una universidad que debe ser autónoma, independiente de las visiones y prioridades de los empresarios y de los gobiernos de cualquier signo (como la experiencia de la universidad autónoma de Durango muestra claramente), para dedicarse a averiguar cuál es el conocimiento socialmente útil para la gran mayoría en el país. Una universidad que debe ser democrática, a cargo de estudiantes y profesores. Una universidad abierta, es hoy una universidad gratuita, sin procesos meritocráticos (y clasistas) de selección, un lugar donde tienen un espacio los que tienen que trabajar también tienen un espacio. Una universidad también para las clases populares que habitan en las periferias de las ciudades, en el campo y en las regiones indígenas.

El paso del tiempo y esas luchas nos llevan también a una segunda paradójica y más importante conclusión: que la autonomía que dibujaron los jóvenes de 1918 sobre todo en estas últimas décadas ha demostrado ser insuficiente. Si la autonomía no pudo hacer mucho en contra de los feudos y corrupciones de nuestras universidades de los setenta y ochenta, la autonomía de los consejos universitarios “vacunados” (es decir, que están bajo el control severo de los funcionarios institucionales o de grupos sectarios) se mostró incapaz de preservar a nuestras universidades de la embestida neoliberal. Muchos nos sorprendimos cuando vimos a representantes estudiantiles en los consejos universitarios votar a favor del aumento de colegiaturas o de reglamentos claramente limitantes de la participación de sus representados, o guardar silencio cuando se construían los andamiajes de la acreditación externa de carreras e instituciones. Y los representantes académicos votaron alegremente por establecer sistemas de estímulo y no pocos de ellos rechazaron la idea misma de integrar estos montos al salario. La facilidad con la que los consejos universitarios y no sólo las autoridades entraron de lleno a la corriente de cambios en contra de la universidad pública y autónoma hace necesario repensar la autonomía para el futuro.

Una tercera conclusión podríamos derivarla también de estas luchas y paradójicamente, de las quejas mismas de los impulsores de la universidad neoliberal. Uno de ellos, el subsecretario Reséndiz en el 2000 cuando decía amargamente que “nuestras iniciativas no cuentan con el respaldo social que tuvieron las transformaciones de los años setenta” y añadía que eso hacía muy difícil el avance de su proyecto. Así que, podemos decir, como otra conclusión que una manera de recuperar la universidad pública autónoma y de todos es precisamente mediante la ampliación misma del concepto de autonomía. La autonomía concebida como un privilegio de un pequeño grupo de estudiantes y profesores encerrados en una institución es sumamente vulnerable, ante las autoridades, ante los gobiernos (de nuevo el caso de Durango es aleccionador). Debemos avanzar hacia una autonomía extensa, como la familia extensa, que haga que la universidad tenga una raigambre tan profunda en la sociedad que la circunda, de tal manera que no flote como un corcho en las aguas procelosas de la globalización, a merced de los caprichos del gobernante o de los intereses empresariales o de las nuevas iniciativas que se generan en algún lugar de expertos en el centro de la república.

Y esto, en cuarto lugar, significa que para ser profunda y verdaderamente autónomos tenemos que repensar otra vez la universidad. De 1918 para acá –por lo menos-, recuperando las mejores lecciones del pasado de tal manera que tejamos alrededor de ella una tupida red de conexiones con los intereses que en torno al conocimiento tienen los sectores y organizaciones sociales más importantes. Por ejemplo, la universidad, es decir, estudiantes y profesores, deben comenzar a pensar cómo hacer que en cada colonia y región del estado exista una presencia universitaria. Es decir, centros de extensión universitaria, de difusión de la cultura, de servicios sociales, de asesoría, de apoyo a la educación en las comunidades. De tal manera que, además, se propicie que las regiones que tienen la necesidad de espacios cada vez mayores y más elevados de conocimiento en su entorno puedan contar con la universidad –es decir, sus estudiantes y profesores y sus apoyos institucionales como proveedora de lugares en la educación media- para avanzar en sus propósitos de contar con preparatorias y otros niveles educativos. Es decir, hablamos de la universidad difusa. La universidad debe hacer además un esfuerzo por revisar críticamente sus investigaciones y programas de formación de profesionales con la pregunta de cuáles son los intereses y dinámicas de conocimiento que ya existen y que pueden ser apoyadas desde las aulas y laboratorios universitarios. Las experiencias que se han generado en estos últimos años de universidades indígenas, universidades populares urbanas, universidades comunitarias, han venido a romper la idea de que la ingeniería, el derecho, la medicina tienen un solo paradigma (el del Ceneval o de las acreditadoras) y que pueden reinventarse las carreras a partir de una profunda familiaridad con esas corrientes de conocimiento que surgen de las vidas y vicisitudes mismas de indígenas, colonos, campesinos, empleados, trabajadores. En Chiapas, por ejemplo, en la Universidad de la Tierra, la ingeniería hidráulica, el derecho, la economía son estudios de formación que responden directamente a las características y necesidades de la zona de las comunidades rebeldes. Y lo mismo encontramos en Ecuador, Bolivia. La universidad debe repensar sus mecanismos de ingreso y permanencia, debe repensarse en sus dinámicas escolares a la luz no de lo que puede y sabe hacer las clases medias sino sobre todo las populares. Ya hay experiencias, la UACM y la misma SEP, de criterios de ingreso mucho muy distintos a la idea tradicional de hace cien años de que se requiere un examen de opción múltiple. La universidad debe repensar sus formas de gobierno, de tal manera que los consejos universitarios se abran y no se conviertan en un grupito cerrado. Finalmente, la evaluación. La universidad debe estar sujeta al escrutinio de profesores y estudiantes, pero también de las comunidades y grupos sociales. La mayor transparencia, la libertad de expresión y la remoción de las autoridades son mecanismos que garantizan una vida institucional transparente, pero no suficiente. En un evento periódico la universidad debe abrirse a un espacio amplio, que puede ser una especie de asamblea social donde se discuta la universidad y las recomendaciones sean tomadas con toda seriedad por la comunidad autónoma.

Es decir, en el fondo se trata de hacer de la universidad una institución profundamente autónoma porque está profundamente arraigada a su tierra y a su gente y profundamente pública porque es vista como de todos. Cuando en nuestros estados del norte y del sur, se comience a hablar en forma cotidiana de “nuestra universidad” habremos ganado una batalla sumamente importante para la construcción de una universidad distinta.

* Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco. Texto leído en el Foro “La autonomía hoy”, organizado en la Universidad Juárez del Estado de Durango el 24 de febrero de 2011.

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