
Hugo Aboites*
Ajena a la nación, la universidad pública se vuelve sumamente frágil y vulnerable. Se mira con creciente suspicacia y mala intención sus presupuestos, se les considera gasto casi inútil y fuera de lugar y, lo peor, están ausentes ya las grandes bases sociales que la defiendan
IDENTIDAD Y SENTIDO
Durante el siglo XX la universidad se consolidó como un espacio público que ofrecía a cientos de miles, millones, de jóvenes la posibilidad no sólo de moverse en la escala social en el contexto de una economía en crecimiento, sino también la oportunidad de situarse en un lugar de socialización que no tenían en sus lugares de origen, de contacto excepcional con corrientes de pensamiento y expresiones culturales nacionales e internacionales. Se convirtió también en un lugar de intensa participación política y social y en una experiencia única de convivencia entre clases sociales. El país pudo crecer gracias a la visible presencia y actividad de profesionistas egresados de sus aulas y a la investigación que se desarrollaba en sus laboratorios. En sus aulas se generaron también experiencias innovadoras de transformación de la educación misma que alumbraron otros espacios.
Su actividad, además tenía el sentido claro de ser una aportación única y excepcional al desarrollo nacional. La industria mexicana, el campo, las carreteras, presas, electricidad, servicios de salud, la marcha misma del Estado dependía en una medida importante de los grupos de jóvenes que surgían de las universidades. En la etapa del capitalismo nacional o estado de bienestar que trajeron las luchas revolucionarias, la universidad que se creó en los años sesenta y setenta expresó también claramente su vocación social de apoyo a comunidades campesinas y a los derechos de los trabajadores. (carreras, investigaciones, servicios social, instituciones especializadas –Chapingo, IPN-). Con esta identidad y sentido de su existencia, la universidad y específicamente la universidad pública y autónoma estaba claramente identificada como patrimonio social de las clases medias y también populares de la nación. Existían problemas profundos, cacicazgos, corrupción, feudos académicos, pero el rumbo general estaba claramente trazado.
LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD Y DE SENTIDO
Las iniciativas de los años noventa y el cambio radical hacia una economía abierta trajeron, sin embargo, una universidad con rasgos muy distintos. “Competitividad”, “excelencia”, “calidad”, “selectividad”, “productividad”, “eficiencia”, “evaluación”, fueron palabras y conceptos que desde los organismos internacionales, las organizaciones empresariales y los gobiernos neoliberales vinieron a crear una nueva bóveda celeste de referencia para el rumbo universitario.
En varios aspectos, la universidad autónoma y pública se volvió restrictiva especialmente la mexicana (datos latinoamericanos, UNESCO) y se volvió también tendencialmente elitista (datos UNAM, datos UAM en el acceso), y para aquellos con algunos recursos la educación privada se volvió mucho más accesible. La universidad pública comenzó a perder su ethos, su norma interna de conducta como una comunidad solidaria de académicos pues con los estímulos añadidos al salario se mercantilizó el quehacer académico mismo. Se logró una mayor productividad pero no una mejoría de la educación. Abierto el financiamiento a la competencia, un grupo pequeño de instituciones acaparó la mayoría de los recursos disponibles y se detuvo abruptamente la creación de nuevas instituciones. La universidad pública autónoma dejó de ser la referencia de la educación superior, y la educación privada, la universidad tecnológica y la educación virtual se convirtieron en los nuevos paradigmas. En la universidad pública tendió a consolidarse una nueva burocracia tecnócrata que no entiende el sentido de la participación de estudiantes y profesores en los órganos colegiados, como conductores de la institución. La investigación comenzó a orientarse lenta, pero seguramente, en dirección a las visiones y metas gubernamentales neoliberales y del mundo empresarial nacional y extranjero (datos UAM), La educación universitaria se olvidó de los procesos democráticos al interior de la institución y del aula y la idea de la enseñanza por competencias comenzó a implantarse como el modelo fundamental de la relación entre estudiantes, maestros y cuerpos de conocimiento.
La universidad privada cobró sentido e identidad, en sus mejores instituciones, como la educación superior de la globalización para sectores reducidos y dotados de visiones ajenas a la realidad del país, y la educación pública fue colocada en el dilema de quedarse rezagada o volverse tan competitiva y elitista como las instituciones privadas internacionales. Con la ayuda de los rankings, esta competencia hizo mella en los idearios de las instituciones clave del país. Como resultado, crecientemente la universidad pública autónoma no habla ya con la mayoría de los mexicanos, y paulatinamente también está dejando de ser un espacio público de grandes grupos sociales. La privatización de la educación pública cobra en este aspecto un carácter dramático y grave. Ajena a la nación, la universidad pública se vuelve sumamente frágil y vulnerable. Se mira con creciente suspicacia y mala intención sus presupuestos, se les considera gasto casi inútil y fuera de lugar y, lo peor, están ausentes ya las grandes bases sociales que la defiendan. Puesto que una universidad que no crece, no profundiza en el conocimiento y no explora nuevas rutas deja de existir como un faro potente en la vida de un país, en ese sentido la existencia misma de la universidad pública autónoma está en peligro. Nuevas empresas de servicios ligados al conocimiento de punta pueden ser mucho más eficientes, estratégicas, flexibles que nuestras neoliberales pero también anquilosadas y tecnoburocratizadas instituciones.
LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA Y EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD
En un momento como este es necesario hacer una reflexión sobre el pasado inmediato. No el pasado de las iniciativas tecnocráticas y neoliberales, sino el de las luchas de los universitarios en contra de estas tendencias. De la resistencia surgen no pocas veces las lecciones más importantes para el esbozo de un futuro distinto para la universidad.
Y una primera y paradójica conclusión a la que puede llegarse es que desde hace veinte años las resistencias de los universitarios y también de aquellos que quieren ser universitarios (es decir que desean ingresar a la universidad) tiene mucho que ver con lo que planteaban hace casi cien años los jóvenes de Córdoba. Las luchas de 1986-87, de 1995-1998 y de 1999-2000 contra la evaluación del Ceneval, contra las cuotas, en rechazo al autoritarismo y a las restricciones a la permanencia de los jóvenes en las instituciones. Lo que era entonces una universidad autónoma de la monarquía y el clero, nos aparece ahora como una universidad que debe ser autónoma, independiente de las visiones y prioridades de los empresarios y de los gobiernos de cualquier signo (como la experiencia de la universidad autónoma de Durango muestra claramente), para dedicarse a averiguar cuál es el conocimiento socialmente útil para la gran mayoría en el país. Una universidad que debe ser democrática, a cargo de estudiantes y profesores. Una universidad abierta, es hoy una universidad gratuita, sin procesos meritocráticos (y clasistas) de selección, un lugar donde tienen un espacio los que tienen que trabajar también tienen un espacio. Una universidad también para las clases populares que habitan en las periferias de las ciudades, en el campo y en las regiones indígenas.
El paso del tiempo y esas luchas nos llevan también a una segunda paradójica y más importante conclusión: que la autonomía que dibujaron los jóvenes de 1918 sobre todo en estas últimas décadas ha demostrado ser insuficiente. Si la autonomía no pudo hacer mucho en contra de los feudos y corrupciones de nuestras universidades de los setenta y ochenta, la autonomía de los consejos universitarios “vacunados” (es decir, que están bajo el control severo de los funcionarios institucionales o de grupos sectarios) se mostró incapaz de preservar a nuestras universidades de la embestida neoliberal. Muchos nos sorprendimos cuando vimos a representantes estudiantiles en los consejos universitarios votar a favor del aumento de colegiaturas o de reglamentos claramente limitantes de la participación de sus representados, o guardar silencio cuando se construían los andamiajes de la acreditación externa de carreras e instituciones. Y los representantes académicos votaron alegremente por establecer sistemas de estímulo y no pocos de ellos rechazaron la idea misma de integrar estos montos al salario. La facilidad con la que los consejos universitarios y no sólo las autoridades entraron de lleno a la corriente de cambios en contra de la universidad pública y autónoma hace necesario repensar la autonomía para el futuro.
Una tercera conclusión podríamos derivarla también de estas luchas y paradójicamente, de las quejas mismas de los impulsores de la universidad neoliberal. Uno de ellos, el subsecretario Reséndiz en el 2000 cuando decía amargamente que “nuestras iniciativas no cuentan con el respaldo social que tuvieron las transformaciones de los años setenta” y añadía que eso hacía muy difícil el avance de su proyecto. Así que, podemos decir, como otra conclusión que una manera de recuperar la universidad pública autónoma y de todos es precisamente mediante la ampliación misma del concepto de autonomía. La autonomía concebida como un privilegio de un pequeño grupo de estudiantes y profesores encerrados en una institución es sumamente vulnerable, ante las autoridades, ante los gobiernos (de nuevo el caso de Durango es aleccionador). Debemos avanzar hacia una autonomía extensa, como la familia extensa, que haga que la universidad tenga una raigambre tan profunda en la sociedad que la circunda, de tal manera que no flote como un corcho en las aguas procelosas de la globalización, a merced de los caprichos del gobernante o de los intereses empresariales o de las nuevas iniciativas que se generan en algún lugar de expertos en el centro de la república.
Y esto, en cuarto lugar, significa que para ser profunda y verdaderamente autónomos tenemos que repensar otra vez la universidad. De 1918 para acá –por lo menos-, recuperando las mejores lecciones del pasado de tal manera que tejamos alrededor de ella una tupida red de conexiones con los intereses que en torno al conocimiento tienen los sectores y organizaciones sociales más importantes. Por ejemplo, la universidad, es decir, estudiantes y profesores, deben comenzar a pensar cómo hacer que en cada colonia y región del estado exista una presencia universitaria. Es decir, centros de extensión universitaria, de difusión de la cultura, de servicios sociales, de asesoría, de apoyo a la educación en las comunidades. De tal manera que, además, se propicie que las regiones que tienen la necesidad de espacios cada vez mayores y más elevados de conocimiento en su entorno puedan contar con la universidad –es decir, sus estudiantes y profesores y sus apoyos institucionales como proveedora de lugares en la educación media- para avanzar en sus propósitos de contar con preparatorias y otros niveles educativos. Es decir, hablamos de la universidad difusa. La universidad debe hacer además un esfuerzo por revisar críticamente sus investigaciones y programas de formación de profesionales con la pregunta de cuáles son los intereses y dinámicas de conocimiento que ya existen y que pueden ser apoyadas desde las aulas y laboratorios universitarios. Las experiencias que se han generado en estos últimos años de universidades indígenas, universidades populares urbanas, universidades comunitarias, han venido a romper la idea de que la ingeniería, el derecho, la medicina tienen un solo paradigma (el del Ceneval o de las acreditadoras) y que pueden reinventarse las carreras a partir de una profunda familiaridad con esas corrientes de conocimiento que surgen de las vidas y vicisitudes mismas de indígenas, colonos, campesinos, empleados, trabajadores. En Chiapas, por ejemplo, en la Universidad de la Tierra, la ingeniería hidráulica, el derecho, la economía son estudios de formación que responden directamente a las características y necesidades de la zona de las comunidades rebeldes. Y lo mismo encontramos en Ecuador, Bolivia. La universidad debe repensar sus mecanismos de ingreso y permanencia, debe repensarse en sus dinámicas escolares a la luz no de lo que puede y sabe hacer las clases medias sino sobre todo las populares. Ya hay experiencias, la UACM y la misma SEP, de criterios de ingreso mucho muy distintos a la idea tradicional de hace cien años de que se requiere un examen de opción múltiple. La universidad debe repensar sus formas de gobierno, de tal manera que los consejos universitarios se abran y no se conviertan en un grupito cerrado. Finalmente, la evaluación. La universidad debe estar sujeta al escrutinio de profesores y estudiantes, pero también de las comunidades y grupos sociales. La mayor transparencia, la libertad de expresión y la remoción de las autoridades son mecanismos que garantizan una vida institucional transparente, pero no suficiente. En un evento periódico la universidad debe abrirse a un espacio amplio, que puede ser una especie de asamblea social donde se discuta la universidad y las recomendaciones sean tomadas con toda seriedad por la comunidad autónoma.
Es decir, en el fondo se trata de hacer de la universidad una institución profundamente autónoma porque está profundamente arraigada a su tierra y a su gente y profundamente pública porque es vista como de todos. Cuando en nuestros estados del norte y del sur, se comience a hablar en forma cotidiana de “nuestra universidad” habremos ganado una batalla sumamente importante para la construcción de una universidad distinta.
* Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco. Texto leído en el Foro “La autonomía hoy”, organizado en la Universidad Juárez del Estado de Durango el 24 de febrero de 2011.