Podría llamarse así a la posición que las autoridades universitarias (rector y Consejo Universitario) han asumido en los conflictos que, aparte de la infracción a normas de la UNAM, quebrantan el orden jurídico nacional, federal y/o local. De acuerdo con esa doctrina, la intervención de la fuerza pública que restablezca el orden establecido está supeditada a la decisión de las propias autoridades judiciales y no a la petición de la representación jurídica de la institución, misma que reside en el jefe nato de la universidad, el rector.
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